La implementación de un sistema de fiscalización vehicular, basado en la tecnología de matrículas digitales, avanza significativamente en Uruguay, preparándose para una fase de licitación que marcará el inicio de su despliegue.
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Este proyecto, que cuenta con el apoyo de diversos actores gubernamentales y privados, representa una modernización crucial en la gestión del parque automotor y promete mejoras sustanciales en la seguridad vial y la eficiencia administrativa.
El núcleo de esta iniciativa radica en la instalación de dispositivos electrónicos, conocidos como TAGs, en todos los vehículos, estos dispositivos facilitarán la identificación y el seguimiento de los automóviles, contribuyendo a la prevención de delitos y a la lucha contra prácticas ilegales como la clonación de matrículas y la circulación con placas ilegibles.
Más allá de la seguridad, el sistema también busca agilizar los trámites vehiculares, simplificando procesos tanto para los ciudadanos como para las autoridades.
Una de las ventajas más significativas de la matrícula digital es su potencial para automatizar los controles vehiculares en una amplia red que abarca calles, rutas y peajes.
La integración de los sistemas de fiscalización de las intendencias (gobiernos departamentales), el Ministerio de Transporte y Obras Públicas (MTOP), el Ministerio del Interior (MI) y otros organismos vinculados a la seguridad vial permitirá una gestión más eficiente y coordinada de los recursos, esta interconexión representa un avance importante hacia un sistema de control más inteligente y adaptable a las necesidades del país.
César García, director de Asuntos Vehiculares del Congreso de Intendentes y coordinador del Sistema Único de Ingresos Vehiculares (Sucive), ha sido un impulsor clave de esta iniciativa. Su visión de modernizar la fiscalización vehicular ha encontrado un eco favorable en el gobierno, especialmente tras el respaldo expresado por el ministro del Interior, Carlos Negro.
El ministro Negro destacó el potencial del sistema para mejorar la seguridad pública, particularmente en el control de la circulación irregular de motocicletas, un problema que afecta a muchas ciudades del país.
La posibilidad de utilizar la infraestructura de TAGs ya existente para el sistema de telepeaje es un factor que impulsa la viabilidad del proyecto, según datos recientes de Sucive más del 60% del parque automotor uruguayo ya cuenta con esta modalidad de pago electrónico, lo que sugiere una alta tasa de adopción inicial para la matrícula digital.
Este hecho facilita la transición hacia el nuevo sistema, reduciendo los costos de implementación y minimizando las molestias para los usuarios.
En el futuro, se espera que los vehículos nuevos incorporen el TAG de fábrica, como un componente más del equipamiento estándar. Las motocicletas, por su parte, recibirán un dispositivo “indestructible” instalado directamente en el chasis, garantizando su permanencia y funcionalidad a largo plazo. Esta medida busca evitar la manipulación o remoción del TAG, asegurando la integridad del sistema.
Una de las características más importantes de la matrícula digital es su capacidad para proporcionar información en tiempo real sobre los vehículos y sus propietarios. Este acceso a la información facilitará el trabajo de la policía y las intendencias, permitiéndoles identificar rápidamente a los infractores y combatir la informalidad en el sector del transporte.
En palabras de César García, el sistema permitirá “un control en línea de todo el sistema, que le va a habilitar a la Policía y a las intendencias acceder a la información de quiénes son los titulares y los que circulan con el vehículo”.
El nuevo sistema también promete optimizar los operativos policiales, permitiendo a las autoridades focalizar sus esfuerzos en aquellos vehículos que presentan irregularidades. En lugar de realizar controles masivos que afectan a un gran número de ciudadanos, la policía podrá identificar y detener selectivamente a los infractores, minimizando las molestias y optimizando los recursos.
“Esto te aliviana el proceso indagatorio en el territorio, en vez de parar 150 motos y trancarle la vida a todo el mundo, vas a ir a buscar únicamente a los que están en infracción”, explicó García.
En cuanto a las tecnologías de control, se barajan diferentes opciones, los arcos de peaje existentes podrían utilizarse para detectar los TAGs, mientras que la policía podría emplear dispositivos móviles, como pistolas de luz, o incluso teléfonos celulares equipados con software específico.
Estas herramientas permitirían la lectura de los TAGs a distancia, facilitando la identificación de vehículos en movimiento y ampliando las capacidades de fiscalización.
El Congreso de Intendentes ha dado un paso significativo hacia la modernización de la gestión del tránsito vehicular en el país al encomendar al consorcio integrado por Ciemsa y CSI Ingenieros la realización de un exhaustivo estudio de viabilidad para un sistema automatizado de monitoreo vehicular a nivel nacional.
Este consorcio, que ya había presentado una propuesta similar en 2022, tiene plazo hasta el 31 de mayo para entregar el estudio, cuyo contenido será clave para la posterior licitación del proyecto.
Según declaraciones del coordinador del Sistema Único de Cobro de Ingresos Vehiculares (Sucive), este proyecto se encuentra en una fase avanzada de planificación.
El estudio de viabilidad, una vez completado, será presentado a la comisión encargada de la elaboración del pliego de condiciones, un documento fundamental que definirá los requisitos técnicos, económicos y legales que deberán cumplir las empresas interesadas en participar en la licitación.
Se estima que el proceso licitatorio podría comenzar entre junio y julio, marcando un hito en la implementación de tecnologías avanzadas para la gestión del tránsito en Uruguay.
La iniciativa privada presentada por Ciemsa y CSI Ingenieros en octubre de 2022 propone la creación de un sistema integral de monitoreo en tiempo real del parque automotor que circula tanto en rutas nacionales como en áreas urbanas. El objetivo principal es detectar de manera eficiente y precisa diversas irregularidades, tales como la circulación de vehículos con matrículas falsificadas o adulteradas, la presencia de patentes vencidas o la identificación de vehículos con deudas pendientes en el Sucive.
De acuerdo con la documentación a la que tuvo acceso Montevideo Portal, la propuesta original del consorcio contemplaba una inversión inicial cercana a los 2.6 millones de dólares estadounidenses. Este monto se destinaría principalmente a la adquisición de equipos de última generación, la obtención de licencias de software especializado y la adecuación de la infraestructura necesaria para albergar y operar el sistema de monitoreo. Adicionalmente, se estimaba un costo anual de operación y mantenimiento del sistema en aproximadamente 732.000 dólares.
El modelo de negocio propuesto por el consorcio para la recuperación de la inversión se basaba en un esquema de pagos anuales por parte del Estado uruguayo, previendo una suma de 1.5 millones de dólares anuales durante un período de 10 años. Este esquema se formalizaría mediante un contrato de concesión, estableciendo los derechos y obligaciones de ambas partes en relación con la implementación y operación del sistema de monitoreo.
Se espera que el sistema automatizado de monitoreo vehicular incorpore tecnologías de reconocimiento óptico de caracteres (OCR), que permitirán la lectura automática de las matrículas de los vehículos a través de cámaras de alta resolución instaladas en puntos estratégicos de la red vial. Esta información se contrastaría en tiempo real con las bases de datos del Sucive y otros organismos competentes, lo que permitiría identificar rápidamente las irregularidades mencionadas.
Además de la detección de infracciones y deudas, el sistema podría tener otras aplicaciones potenciales, como el control del cumplimiento de las restricciones de circulación en zonas urbanas, la recopilación de datos estadísticos sobre el flujo vehicular para la planificación del transporte público y la gestión de emergencias, y la colaboración con las fuerzas de seguridad en la investigación de delitos relacionados con vehículos automotores.
Paralelamente a la iniciativa del Congreso de Intendentes, el diputado por el Partido Nacional, Pedro Jisdonian, presentó el pasado 8 de abril un proyecto de ley que busca modificar el Código Penal para endurecer las sanciones contra aquellos conductores que circulen con matrículas ilegibles, adulteradas o directamente sin matrícula.
La circulación de vehículos con matrículas ilegibles, adulteradas o directamente inexistentes podría acarrear sanciones más severas en Uruguay, gracias a un proyecto de ley presentado por el diputado Pedro Jisdonian, del Partido Nacional. La iniciativa, radicada el pasado 8 de abril, busca modificar el artículo 365 del Código Penal para abordar lo que el legislador describe como una práctica creciente y preocupante entre los conductores uruguayos.
En su exposición de motivos, Jisdonian argumenta que un número cada vez mayor de conductores manipula sus placas traseras – las más frecuentemente captadas por radares y sistemas de vigilancia – con el propósito de “evadir los controles que tanto los gobiernos departamentales como la Policía Caminera realizan”.
Según el diputado, estas acciones incluyen tapar las matrículas o modificar digitalmente algún número, con el objetivo último de no ser identificados al pasar por radares de control de velocidad y, por consiguiente, evitar las multas correspondientes.
“Esta inconducta”, señala Jisdonian, “resulta peligrosa e injusta para el ciudadano prudente que circula en forma legal”. El proyecto de ley, por lo tanto, busca tipificar esta práctica como un delito, con la esperanza de desalentar su proliferación. Si bien el texto específico de la modificación propuesta al Código Penal no se ha hecho público en su totalidad, se anticipa que incluirá penas más elevadas para quienes incurran en esta falta, incluyendo posibles multas más cuantiosas, la suspensión temporal o incluso la revocación definitiva de la licencia de conducir, dependiendo de la gravedad de la infracción y la reincidencia del infractor.
La propuesta de Jisdonian ha generado un debate en la esfera pública uruguaya. Si bien existe un consenso generalizado sobre la necesidad de combatir la evasión de multas y promover el cumplimiento de las normas de tránsito, algunos sectores expresan preocupación sobre la proporcionalidad de las penas propuestas y la posible dificultad en la aplicación de la ley.
Algunos analistas jurídicos señalan que la adulteración de matrículas ya está contemplada, de alguna manera, en el Código Penal, por lo que se cuestiona si la introducción de un nuevo numeral es realmente necesaria o si bastaría con una interpretación más rigurosa de la legislación existente.
Además, se plantea el interrogante sobre cómo se diferenciará entre aquellos conductores que deliberadamente intentan evadir los controles y aquellos cuyas matrículas se han deteriorado por el uso y el paso del tiempo.
La línea entre una manipulación intencional y un mero descuido puede ser difícil de trazar, lo que podría dar lugar a interpretaciones subjetivas y posibles abusos.
Otro aspecto que se ha puesto sobre la mesa es la necesidad de invertir en sistemas de control de tránsito más sofisticados, capaces de identificar matrículas deterioradas o manipuladas con mayor precisión.
La tecnología actual permite el reconocimiento automático de matrículas (ANPR), lo que facilitaría enormemente la detección de infracciones y la aplicación de la ley de manera más efectiva.
Rocha Portal
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