El pasado 3 de febrero, la localidad de Barra del Chuy, se vio sacudida por un trágico suceso que involucró a una inspectora de tránsito y resultó en la muerte de una mujer de 72 años.
El incidente, caratulado como homicidio culpable, ha generado consternación en la comunidad y ha reavivado el debate sobre la seguridad vial y la responsabilidad de los funcionarios públicos en la prevención de accidentes.
Según la información policial, el siniestro ocurrió en la intersección de las calles Los Ceibos y Marcela, una zona aparentemente tranquila de esta ciudad fronteriza, un automóvil Volkswagen Fox con matrícula brasileña conducido por A.N.S.S., de 41 años y funcionaria de la intendencia local, impactó contra Gloria Nélida Pérez Viera una septuagenaria residente de la zona.
El impacto resultó fatal. A pesar de la rápida intervención de los servicios de emergencia y el traslado de la víctima al sanatorio de Chuy, los esfuerzos por salvar su vida fueron infructuosos. Gloria Nélida Pérez Viera falleció poco después de su ingreso al centro asistencial, dejando un profundo vacío en su familia y entre sus allegados.
La Fiscalía del caso, tras ser notificada del incidente, ordenó una serie de diligencias con el objetivo de esclarecer las circunstancias que rodearon el trágico suceso, efectivos de la Policía Científica se trasladaron al lugar de los hechos para realizar un exhaustivo relevamiento de la escena, buscando evidencias que pudieran determinar la dinámica del accidente y establecer las responsabilidades correspondientes.
A la conductora del vehículo se le practicó una prueba de espirometría, la cual arrojó un resultado negativo, descartando la presencia de alcohol en su organismo, no obstante la investigación continuó su curso y A.N.S.S. fue emplazada a comparecer ante la Justicia para prestar declaración.
Tras una serie de instancias judiciales, la Justicia Letrada de 2do. Turno de Chuy determinó formalizar a A.N.S.S. por la presunta comisión de un delito de homicidio culpable en calidad de autora.
Se le impusieron medidas cautelares por un plazo de 120 días, mientras se profundiza la investigación.
Rocha Portal
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