" Te contamos como será el IVA personalizado del nuevo gobierno " El IVA personalizado del equipo de Orsi como será implementado.

Gustavo Viñales, integrante del Laboratorio Fiscal y Tributario del Centro de Investigaciones Económicas (Cinve) y exasesor económico del presidente electo Yamandú Orsi, abordó la propuesta del Frente Amplio para reformar el Impuesto al Valor Agregado (IVA) en Uruguay, conocida como "IVA personalizado". Aunque no forma parte del equipo económico del futuro gobierno, Viñales y su equipo en Cinve están analizando la propuesta desde una perspectiva técnica y académica.

Viñales destacó que el diseño actual del IVA en Uruguay ha llegado a ser muy complejo y sofisticado, lo que conlleva altos costos de administración tributaria. Además, mencionó que esta complejidad genera "perforaciones" que facilitan la evasión fiscal, lo que representa un desafío significativo para el sistema tributario del país.

Se destaca la existencia de una tasa diferencial del 10% para productos de la canasta básica, en contraste con la tasa básica del 22% que se aplica a otros productos y servicios. Dentro de la canasta básica se incluye el café, incluso el de especialidad, mientras que el agua mineral no está contemplada, lo que genera cuestionamientos sobre la priorización de estos productos.

Además, se menciona un problema significativo relacionado con el IVA en el sector agropecuario, que opera bajo un régimen especial conocido como IVA en suspenso. Este régimen implica que ciertos productos, como las vacas y los novillos, no están sujetos al IVA, lo que plantea desafíos adicionales en la estructura fiscal del país.

El IVA se aplica cuando un producto pasa de ser natural a un producto elaborado. Sin embargo, entre el 75% y el 80% de los productores agropecuarios operan bajo un régimen simplificado conocido como Imeba, lo que les impide recuperar el IVA de sus compras. Esta situación genera incentivos para la evasión fiscal, ya que los productores pueden optar por no recibir facturas para evitar el pago del IVA.

La complejidad del sistema tributario se agrava cuando se considera el "IVA digital", que se refiere a los servicios digitales y las compras de productos en el extranjero que no están gravados con IVA. Esto plantea desafíos adicionales, ya que no se tiene claridad sobre el origen del valor agregado en estas transacciones. En resumen, los problemas de evasión y el diseño del sistema tributario son cuestiones significativas que requieren atención.

El IVA constituye entre el 46% y el 48% de la recaudación de la Dirección General Impositiva, y al incluir el Imesi, esta cifra asciende al 55%. Se plantea la necesidad de reformar el sistema para lograr una mayor eficiencia, reducir problemas de control y aumentar la equidad en la recaudación.

En cuanto a la implementación de un IVA personalizado, se reconoce que este es un tema aún no definido. Sin embargo, se sugiere la posibilidad de establecer un sistema con una tasa única que permita alcanzar un punto de equilibrio en la recaudación. 

Es fundamental determinar cuál sería la tasa de equilibrio adecuada, que podría situarse entre el 18% y el 20%. Esta reforma implicaría que algunos consumidores pagarían menos IVA en ciertos productos, como la ropa, mientras que otros, como el arroz, podrían enfrentar un aumento en el costo, pasando de un 10% a un 19%. Esto sugiere que la reforma podría tener efectos dispares en diferentes categorías de productos.

En tanto viñales propone un sistema de gestión tributaria más simple y con menor posibilidad de evasión. Este sistema permitiría al Estado realizar devoluciones a los contribuyentes, comenzando por categorías de ingresos, lo que beneficiaría a aproximadamente 140.000 jubilados que perciben menos de $30.000.

El enfoque técnico para la devolución del IVA se centraría en el consumo de una canasta básica, sin necesidad de definir productos específicos. Se sugiere establecer un límite mensual de gasto, permitiendo que los jubilados reciban la devolución a través de sus pensiones, esto facilitaría un manejo más eficiente de los recursos y un apoyo directo a los sectores más vulnerables.

El tope mencionado tiene como objetivo evitar que una sola persona compre agua para todo un barrio o que adquiera una garrafa para toda su familia, lo que sugiere una regulación en el consumo de recursos, se destaca que la parte técnica de la implementación es relativamente sencilla, mientras que el verdadero desafío radica en la economía política, que implica establecer convicciones sobre el camino a seguir y definir límites claros en este contexto.

En respuesta a las críticas de la oposición que consideran que se trata de un impuesto a la clase media, se argumenta que actualmente ya existe un impuesto al consumo. Se señala que muchas personas se identifican como clase media, pero al analizar la media de ingresos, se evidencia que aquellos que se sienten perjudicados por estas medidas están, en realidad, por encima de la media de ingresos. Esto pone de manifiesto una desconexión entre la percepción de la clase media y la realidad económica del país.

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