La polémica surge por la compra de una Hyundai Santa Fe a US$ 54.000, cuando su valor de mercado era de US$ 79.000, y si el descuento constituyó una ventaja indebida.
La adquisición de una camioneta Hyundai Santa Fe por parte del presidente Yamandú Orsi, realizada con un descuento cercano a los US$ 25.000 respecto al valor de mercado, reavivó el debate sobre la Ley 19.823, que regula la ética en la función pública en Uruguay, el artículo 9 del Código de Ética de la Función Pública, promulgado en 2019, prohíbe a los funcionarios solicitar o recibir obsequios, gratificaciones o ventajas de terceros vinculadas al ejercicio de su cargo.
La norma alcanza a todos los integrantes de los poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial, la polémica surgió luego de que Presidencia confirmara que Orsi pagó US$ 54.000 por el vehículo, pese a que su valor rondaba los US$ 79.000, desde su entorno se indicó que se trató de una rebaja comercial, aunque no se aclaró si estaba disponible para cualquier comprador o si fue una condición particular.
El debate se centra en si un beneficio de este tipo puede interpretarse como una “ventaja” según la ley, el Código no fija montos específicos, pero establece principios generales de transparencia e imparcialidad, otros artículos refuerzan la obligación de actuar en consideración del interés público evitar abusos de poder y desechar cualquier provecho personal, incluso cuando exista la mera apariencia de irregularidad.
El artículo 19 exige separar los intereses privados del interés público y prevenir conflictos de intereses, la discusión actual busca determinar si el descuento recibido por Orsi responde a una política comercial habitual o si constituye una condición excepcional vinculada a su rol presidencial, la normativa exige que los actos de los funcionarios se rijan por transparencia, buena fe y probidad.
La compra de camioneta Hyundai Santa Fe por Orsi con rebaja de US$ 25.000 debate sobre la Ley 19.823 y el artículo 9 del Código de Ética.Prohibición de recibir obsequios o ventajas vinculadas al cargo, discusión sobre si el descuento fue una política comercial general o un beneficio particular.La norma exige transparencia, imparcialidad y separación entre interés público y privado.
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