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Esta acción se produce tras el reciente archivo, por parte de la Procuraduría General de la República (PGR), de la investigación sobre la presunta falsificación de su certificado de vacunación contra el COVID-19.
La estrategia legal de Bolsonaro se centra en la argumentación de que la investigación sobre las vacunas fue utilizada de manera ilegítima, como una \"pesca probatoria\" (fishing expedition), para obtener pruebas que posteriormente fueron empleadas en otros casos vulnerando así sus derechos fundamentales.
El núcleo de la defensa radica en la denuncia de que la investigación inicial sobre el certificado de vacunación, ahora archivada, sirvió como un medio encubierto para recopilar información con el propósito de incriminar a Bolsonaro en el caso de intento de golpe de Estado.
Los abogados del expresidente argumentan que esta práctica es inaceptable dentro del marco legal brasileño, ya que consideran que se violó el principio de la licitud de la prueba y se aprovechó una investigación para fines distintos a los originalmente declarados.
Un elemento clave en esta estrategia es la delación premiada (colaboración con la justicia a cambio de beneficios) de Mauro Cid, el exayudante de Bolsonaro. Cid fue arrestado inicialmente en el marco de la investigación sobre las vacunas, y su testimonio ha sido fundamental en las pesquisas sobre el presunto golpe de Estado y las joyas saudíes regaladas al expresidente.
La defensa de Bolsonaro alega que la confesión de Cid fue obtenida bajo presión, en un contexto en el que su familia también estaba siendo investigada, lo que podría comprometer su validez y credibilidad. Se argumenta que Cid pudo haber fabricado detalles para obtener una reducción de su condena, generando dudas razonables sobre la veracidad de sus declaraciones.
Para reforzar su argumento, la defensa de Bolsonaro se apoya en una investigación paralela que está llevando a cabo la Organización de los Estados Americanos (OEA), esta investigación se centra en las acusaciones de irregularidades procesales y restricciones a la libertad de expresión que Bolsonaro y sus aliados han denunciado.
La defensa del expresidente espera que el informe de la OEA pueda ofrecer elementos que respalden sus alegatos sobre la existencia de un proceso judicial injusto y parcializado en su contra.
El reciente archivo de la investigación sobre la falsificación del certificado de vacunación, si bien favorece a Bolsonaro y a un diputado que también estaba implicado en el caso, no implica el fin de las investigaciones contra otros involucrados, como Mauro Cid.
Sin embargo, la defensa de Bolsonaro considera que este archivo es un punto de inflexión que les permite cuestionar la legitimidad de todo el proceso que ha llevado a la acusación de intento de golpe de Estado.
La estrategia legal de Bolsonaro se enfoca en demostrar que las investigaciones en su contra se basan en pruebas obtenidas de forma ilícita, lo que invalidaría todo el proceso judicial. La defensa argumenta que se ha vulnerado el debido proceso, que se han utilizado tácticas de \"fishing expedition\" para buscar pruebas incriminatorias y que se han presionado a testigos clave para obtener testimonios favorables a la acusación. Si la defensa logra convencer al Supremo Tribunal Federal (STF) de que estas irregularidades existieron, podría lograr la anulación de la investigación por golpe de Estado y evitar que Bolsonaro sea juzgado por estos cargos.
La batalla legal que se avecina promete ser larga y compleja, la defensa de Bolsonaro tiene como objetivo desacreditar las pruebas presentadas por la fiscalía y demostrar que el proceso judicial ha estado viciado desde el principio.
El caso de la vacunación se ha convertido en una pieza clave en esta estrategia, ya que la defensa considera que fue el punto de partida de una investigación que se ha empleado de manera abusiva para perseguir a Bolsonaro y a sus colaboradores.
El desenlace de este caso tendrá importantes implicaciones para el futuro político de Brasil. Si Bolsonaro es declarado culpable de intento de golpe de Estado, podría enfrentar una larga pena de prisión y quedar inhabilitado para ocupar cargos públicos durante muchos años, por el contrario si la defensa logra anular la investigación, Bolsonaro podría recuperar su estatus político y volver a ser una figura relevante en la escena nacional.
La decisión final recae en el STF, que deberá analizar cuidadosamente los argumentos de ambas partes y tomar una decisión que respete el debido proceso y los derechos fundamentales de todos los involucrados.
En resumen, la defensa de Jair Bolsonaro busca revertir la situación legal apelando a la ilegalidad en la obtención de pruebas, colocando la lupa sobre el proceso de investigación y la validez de los testimonios clave.
Este caso no solo definirá el futuro del expresidente, sino que también sentará un precedente sobre los límites de las investigaciones judiciales y la protección de los derechos individuales en el contexto político brasileño.
La atención se centra ahora en la respuesta del STF y en cómo valorará los argumentos presentados por la defensa, en un contexto de polarización política y fuertes presiones sociales.
Rocha Portal
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